El término transparencia que con tanta frecuencia escuchamos en estos días tiene un sentido y unos efectos económicos evidentes. Se ha utilizado tradicionalmente como una cualidad de los mercados basada en la información que poseen los agentes económicos que operan en ellos y que favorece la eficacia económica. También se emplea hoy en día para denunciar su carencia en el comportamiento de quienes operan en puestos relevantes de la sociedad, bien sean políticos o económicos, por los efectos ejemplarizantes que deben de tener y, también, por los efectos económicos directos e indirectos sobre los mercados, la competencia y la formación de los precios. La transparencia, junto con la claridad de la información y su simplificación, ayudan a crear una cultura que fomenta la existencia de sociedades más prosperas y eficientes.
Si este planteamiento es bueno a nivel general, debe exigirse especialmente en entornos que operan con fondos públicos. Un sector con el que creemos que se debe ser especialmente estricto en esta materia es el denominado tercer sector y, sin embargo, existe sobre él una gran coincidencia de opinión de que está afectado por una evidente falta de transparencia en la gestión de sus recursos, que perjudica su imagen ante la sociedad, pero que podría mejorar fácilmente incorporando en las normas que lo regulan algunos requisitos habituales en el mundo de la empresa y en aquellas entidades que se imponen mayores exigencias.
En concreto, las fundaciones únicamente están obligadas a someterse a una auditoría externa si sus ingresos superan los 2,4 millones de euros, situación en la que se encuentra alrededor del 11% de las fundaciones del país, dejando fuera de esta exigencia a casi el 90% de las mismas, que en una medida muy elevada disfrutan entre sus ingresos de subvenciones de las distintas Administraciones. Una de las medidas que habría que tomar debería ser la obligatoriedad de someter a la realización de auditorías externas a un número mayor de fundaciones cuando obtengan algún tipo de ventaja económica, fiscal, etc., criterio aplicable a cualquier otra asociación o entidad sin ánimo de lucro, así como la obligación de presentar las cuentas en el Registro Mercantil, lo que las haría realmente públicas como las de cualquier sociedad.
En esta misma dirección, en las corporaciones locales se producen este tipo de deficiencias en la información económica y en la gestión, que son el caldo de cultivo para que se produzcan irregularidades poco ejemplarizantes, que se podrían evitar en gran medida aplicando sistemas de control de aplicación normal en el sector privado, entre ellas, al igual que hemos planteado para las entidades sin ánimo de lucro, la realización de auditorías externas en los municipios que concurran ciertas circunstancias relativas a su tamaño, como puede ser tener más de 5.000 habitantes, que tengan un presupuesto superior a siete millones de euros, o que el gasto en personal supere el 25% de los gastos corrientes. Este documento podría ser utilizado por los gestores municipales, por los órganos políticos de los que dependen y por el Parlamento, que tiene que controlar, en representación de los ciudadanos, el conjunto de la gestión económico financiera pública.
En este sentido, y desde el convencimiento de que prestamos un servicio a la sociedad, consideramos que el proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que se está debatiendo en el Parlamento, puede ser una buena ocasión para satisfacer una necesidad evidente de mayor transparencia, que contribuirá a que esta ley, que pretende cubrir las carencias que en la dispersa regulación actual existe en materia de transparencia y normas de buen gobierno, alcance más plenamente sus objetivos. Con ello estaremos contribuyendo a fortalecer las instituciones y a favorecer el crecimiento económico y el desarrollo social, como se dice en la exposición de motivos del proyecto de ley, con el que estamos de acuerdo, y nos igualará a los países más avanzados en esta materia.
En definitiva, se trata de aprovechar la ocasión para hacer bueno el dicho popular de que más vale prevenir que curar, pues no solo hay que establecer códigos éticos, sino que también hay que adoptar las medidas que impidan que se incumplan, cuando estamos comprobando las nefastas consecuencias que la falta de transparencia, y los comportamientos irregulares que permiten, tienen para las entidades del tercer sector y para la sociedad en general, que pierde la confianza en las mismas, confianza ya de por si bastante mermada por las experiencias recientes.
Fuente: Cinco Días.
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